HABEMUS NTICs

Habemus lex

Finalmente y como era previsible (o sea, mucho discurso y ninguna modificación), el proyecto de ley Argentina Digital fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahora aguarda su promulgación por parte el Poder Ejecutivo Nacional. Lamentablemente, el diseño de la norma, inconsulto con los involucrados, y el tratamiento express recibido en el Congreso para una ley de tal trascendencia permiten presagiar un horizonte nuboso. 

Argentina Digital (o ley telco como se la conoce informalmente) tiene un raro mérito: el de haber sido rechazada por los operadores de todos los tamaños y características, sean grandes telcos, cableras, PyME o cooperativas. Más allá de los lógicos intereses disímiles de cada una de estas empresas, el principal temor y causante del rechazo es que por la vaguedad de su articulado la ley significa un cheque en blanco para la Autoridad de Aplicación (AA). Una Autoridad que además gozará de un enorme poder de regulación (englobando a la Secretaría de Comunicaciones, la CNC, CONAE, CORASA) y tendrá capacidad de intervención directa en el mercado como un actor (con privilegios) a través de Arsat y Argentina Conectada. A esto se sumará el manejo de los recursos del Servicio Universal. En definitiva, poder político y poder económico. Así, lo bueno o malo que pueda surgir de esta ley dependerá de lo bueno o malo de la AA.

Sólo a modo de ejemplo, y según condiciones no definidas objetivamente en la ley, la AA podrá fijar tarifas, determinar las condiciones por las que un operador tiene “Poder Significativo de Mercado” permitiéndole aplicar condiciones de regulación asimétrica, establecer qué operadores deberán abrir sus redes para permitir una desagregación de difícil aplicación, y así tantas otras. No hace falta ser muy perceptivo para darse cuenta que esta discrecionalidad no deja tranquilo a ningún operador de este sector, sin importar origen o tamaño.

Lamentablemente, este no fue un tema de discusión. Las principales modificaciones que sufrió el proyecto en su paso por el Congreso fueron el impedimento (razonable) a las telcos de dar servicios audiovisuales a través del satélite (defendiendo intereses de PyME y cableras así también como los suyos propios) y hacer de la AA un organismo con representación más distribuida entre Poder Ejecutivo Nacional, provincias, bloques legislativos. O sea, la prioridad fue no quedarse fuera de la rosca, no hacer una ley mejor.

Sin ser el tema más relevante de la nueva norma, especialmente luego de la modificación que impidió hacerlo a través del satélite, la posibilidad de que las empresas de telecomunicaciones ofrezcan servicios de TV fue ampliamente sobredimensionada en una discusión estéril. Hay varios fundamentos, técnicos, de negocio y de mercado, para pensar que no cambiará gran cosa en lo inmediato. Por un lado, las telcos deberán invertir fuertemente en aumentar la capacidad de su red si quisieran transportar señales de TV en HD. La IPTV (tecnología a utilizar en este caso) no es Netflix. Necesita un ancho de banda asegurado calculado alrededor de los 7 Mbps. A lo que se suma el ancho de banda necesario para Internet. Así, cualquier propuesta razonable exige contar con un ancho de banda de unos 13 Mbps o más. Algo que no está disponible en la mayor parte de la red ADSL de las telefónicas. Por otra parte, ingresar al mercado de TV paga, con una penetración de aproximadamente el 80%, no es un picnic. Las telcos deberían invertir fuertemente en contenidos, marketing y margen para desarrollar propuestas que en alguna medida deban ser mejores (en calidad y/o precio) que las actuales. A esto hay que sumar que para lo que refiere a servicios de comunicación audiovisual, los operadores TIC están sujetos a los requisitos de la mal llamada ley de medios, lo que incluye una limitación a la participación del capital extranjero entre los accionistas. Así, ni Telefónica (por ser española) ni Claro (por ser mexicana) estarían habilitadas para dar estos servicios. Quizás sí Telecom en la medida en que Fintech (EE.UU., país con el cual hay un acuerdo que lo exime de esta limitación) tome el control de la operación. Por todo esto, pensar que la habilitación a las telcos a dar TV es la motivación de la nueva ley es cuando menos optimista.

Por otra parte, subsiste el articulado que tanto inquieta a los defensores de los derechos civiles, aspecto minuciosamente analizado por ONG y académicos.

Luego de la discrecionalidad otorgada a la AA, quizás al mismo nivel, la limitación mayor de la nueva ley es una falla que se puede considerar estructural. Originalmente, la ley fue presentada como un marco regulatorio para la convergencia. Sin embargo, para que ésta se produzca en armonía, es necesario contar con una regulación única, que no genere más asimetrías que las que ya existen entre los distintos operadores que a partir de ahora serán licenciatarios TIC. En otras palabras, una industria convergente necesita una regulación también convergente. Esta será una asignatura para el próximo gobierno. En el ínterin, Argentina Digital tiene muchas probabilidades de tener la misma aplicación que la lograda por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual luego de 5 años.

Habemus 4G

Luego de que a los tres operadores (Claro, Personal y Movistar) se les asignara espectro y que pagaran por él, con o sin anuncios todos ellos comenzaron a “encender” sus primeras radio bases con LTE. Pero fue Movistar la que hizo el primer anuncio oficial en la reunión de fin de año con la prensa, el miércoles de esta semana.

Necesitadas como están las empresas por más espectro y por comenzar a descongestionar la red 3G, no sorprende que el servicio estuviera siendo puesto a punto para liberarlo al momento de contar oficialmente con el espectro. Por lo tanto no debería llamar la atención que en los próximos días tanto Personal como Claro también liberen comercialmente el servicio. No obstante, esto no necesariamente vendrá acompañada de grandes campañas publicitarias. Tampoco es cuestión de generar expectativa por un servicio que estará inicialmente disponible en muy pocos lugares. El efecto rebote podría ser mortal en momentos en que la industria en su conjunto se encuentra muy cuestionada por los problemas de calidad de servicio.

Para utilizar 4G, los usuarios de Movistar y Claro deberán cambiar su SIM, no así en el caso de Personal. En cuanto a los abonos, al menos en el caso de Movistar que fue la única que anunció el servicio, seguirán vigentes los actuales. No obstante, ofrecerá nuevos planes con más capacidad de datos. La apuesta es a facturar más por un uso de datos más intenso, no por la tecnología en sí que además no tendrá una cobertura total por unos cuantos años, lo cual haría difícil cobrar por ella.

Por el lado de los equipos, conviene recordar que son muy pocos los modelos vendidos en Argentina que actualmente cuentan con esta capacidad (aquí un listado ). Se trata de menos del 2% de la base instalada.

En el tema 4G todavía quedan asignaturas pendientes, como la entrega de los 700 MHz y la asignación a Airlink. Sin embargo, después de años de postergaciones, finalmente comenzó a llegar. Un primer paso no sólo para contar con servicios más avanzados sino también, y quizás más importante, para que la red 3G comience a recuperar la capacidad perdida, para el bien de los usuarios de 3G y también de 4G, que seguirán cursando sus llamadas y SMS por la “vieja” red.      

FUENTE:  Carrier y Asociados